La última reforma de la Ley de Tráfico que entrará en vigor el próximo 24 de mayo viene a ser la culminación de una estrategia centrada en acelerar el cobro de las multas por parte de la Administración, objetivo básico en la "lucha contra la siniestralidad" de nuestras carreteras.

      En esa línea, la principal novedad es el denominado procedimiento abreviado, que se traduce en una oferta hecha al infractor para que acepte la sanción rebajada en un 50%, a cambio de renunciar a presentar alegaciones, proponer pruebas y formular recursos en vía administrativa, es decir, a los derechos y garantías contenidas en el procedimiento administrativo sancionador.

      Medidas como el pago con tarjeta de crédito en el acto de la denuncia, la extensión de los plazos de caducidad de las sanciones hasta cuatro años (anteriormente de un año), la configuración de un domicilio electrónico para notificaciones, la ingente inversión en elementos de vigilancia y control del tráfico (cámaras y radares), el aumento del número de infracciones graves y muy graves, son el claro ejemplo de una política represora que pasa por alto la educación permanente de los conductores, la eliminación de los denominados "puntos negros", la modernización de los desfasados métodos de formación… iniciativas cuya puesta en práctica revelaría un esfuerzo sincero por mejorar la seguridad vial por parte de las autoridades competentes.

      Si en este país no estuviéramos tan lamentablemente habituados a los desmanes urbanísticos, si las autoridades velaran por una correcta aplicación de la normativa aplicable al suelo y la edificación, la noticia que hoy comentamos no existiría.

      Un vecino de Jumilla (Murcia) propietario de una explotación ganadera se vio obligado a recurrir hasta el Supremo para, tras seis años de contienda, conseguir la reciente paralización de un plan que proyectaba la construcción de una opulenta urbanización -con campo de golf incluido- que habría supuesto el fin de su actividad debido a la privación de un suministro suficiente de agua.

      El Supremo argumenta en su resolución que la garantía del suministro prevalece sobre el desarrollo urbanístico, decretando la suspensión del proyecto mientras los recursos hídricos necesarios para el campo de golf no resulten acreditados. De esta forma, el pretendido "interés general" y los supuestos beneficios esgrimidos por los defensores del plan (abanderados por el ayuntamiento) decaen ante la necesidad de cumplir la normativa de aguas.

      Mientras en Europa se inspeccionan más de 250 urbanizaciones edificadas en similares condiciones, en Venezuela el gobierno presidido por Hugo Chávez hace tiempo que tomó la iniciativa de clausurar varios campos de golf situados en núcleos urbanos, con el fin prioritario de destinar su amplia superficie a la edificación de infraestructuras sociales y viviendas asequibles al alcance de las clases menos favorecidas. ¿Un ejemplo contra el crecimiento urbanístico desmesurado? 

       http://www.20minutos.es/noticia/596991/0/pastor/proyecto/urbanistico/

      Que el 2010 sea un gran año para todos ustedes.

      Leo una noticia reciente en la que el actor y director teatral americano Tim Robbins denuncia el fenómeno de la videovigilancia ciudadana y el espionaje de las comunicaciones personales coincidiendo con la presentación en Barcelona de la obra "1984", basada en el brillante libro publicado por George Orwell hace ya sesenta años que presagiaba una sociedad donde la intimidad y el libre pensamiento eran suprimidos por un sistema de gobierno totalitario.

      En tal sentido, es evidente que en los últimos tiempos se está experimentando un notorio y peligroso incremento de la vigilancia mediante sofisticados métodos, anteponiendo la seguridad, el orden público y el control laboral al respeto de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 CE) o el derecho a la protección de datos de carácter personal. De ahí que la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, reclame el respeto a la normativa existente para "de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático".

      Se trata, en síntesis, de que la utilización de dichos sistemas sea necesaria y proporcional al fin legítimo perseguido, de respetar el principio de intervención mínima en aras a evitar situaciones abusivas que, llevadas a su extremo, se  terminen asemejando a los escenarios imaginarios descritos en la pesadilla orwelliana:

      El deber de congruencia -“sententia debet esse conformis libello”- constituye una de las exigencias fundamentales de todas las resoluciones judiciales. Desde un punto de vista doctrinal puede ser definida como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso.

      En el ámbito penal, dicho principio impide que el Juzgador pueda imponer una pena que exceda a la pedida por las acusaciones; de esta forma lo ha entendido el Pleno del Tribunal Constitucional en su resolución de 25 de junio de 2009, al dejar sin efecto una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid que condenó al acusado como autor de una falta de hurto a una pena más grave (12 días de localización permanente) que la solicitada por el Ministerio Fiscal ( 45 días de multa a 6 euros diarios).

      El TC razona que la garantía de la imparcialidad judicial en el proceso penal “resulta mejor protegida si el órgano judicial no asume la iniciativa de imponer ex officio una pena que exceda en su gravedad, naturaleza o cuantía la solicitada por la acusación, asumiendo un protagonismo no muy propio de un sistema configurado de acuerdo con el principio acusatorio, como el que informa la fase de plenario en el proceso penal”.

      La jurisprudencia tiene declarado que el principio de congruencia hay que entenderlo poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia en cuestión, y que el mismo contempla la necesidad de que entre la parte dispositiva de la resolución judicial y las pretensiones deducidas oportunamente por los litigantes exista la máxima concordancia y correlatividad. En suma, el principio de congruencia consiste sencillamente en la correspondencia que siempre debe existir entre lo pedido por las partes y lo resuelto por el órgano judicial; entre las pretensiones oportunamente deducidas en el suplico de los escritos fundamentales rectores del proceso y el fallo, y no con relación a los razonamientos o fundamentaciones que se hagan en la sentencia.

      A lo largo de la Historia, la práctica de la usura -entendida como el interés excesivo de un préstamo- ha experimentado diversos grados de censura que han ido desde la prohibición más absoluta (Séneca y Cicerón llegaron a considerarla una práctica delictiva equiparable al asesinato), hasta alcanzar una cierta permisividad favorecida por el auge del comercio a gran escala y el consiguiente fortalecimiento de los grandes bancos europeos y americanos.

      Si bien es sabido que la realidad va siempre por delante del Derecho, llama la atención que en nuestro país, cuando se trata de reprimir la usura, el único texto legal en vigor sea una ley centenaria que en su larga vida no ha sido objeto de actualización; hablamos de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, también conocida como "Ley Azcárate".

      A primera vista, cabría pensar que dicho desfase legal se debe a que la usura es un fenómeno poco frecuente o que forma parte de un pasado remoto, sin embargo la cruda realidad nos demuestra que no es así, pues dicha práctica execrable sigue presente en múltiples contratos bancarios, reunificación de deudas y créditos rápidos, que, con unas tasas de interés que llegan a superar el 100%, deberían ser lisa y llanamente proscritos por las autoridades competentes.

      Ante la ausencia en la Ley Azcárate de una tasa que establezca automáticamente la existencia de usura, el criterio más extendido entre las Audiencias Provinciales viene siendo el de considerar usurario cualquier interés que sea superior a dos veces y media el interés legal del dinero, aplicando lo establecido en el art. 19.4 de la Ley del Crédito al Consumo. La declaración de usura lleva aparejada la nulidad del contrato, quedando el prestatario obligado a entregar únicamente la suma recibida.

      La vertiente económica de los procesos de separación y divorcio está compuesta por las pensiones compensatorias y de alimentos, obligaciones pecuniarias que de manera gráfica conocemos con el nombre de "cargas familiares", cuyo reconocimiento, cuantificación y limitación temporal son fuente de numerosos conflictos.

      En su reciente sentencia de 5 de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo analiza de forma unitaria varias cuestiones de indudable relevancia práctica:

      a) La pensión compensatoria tiene como única finalidad compensar el desequilibrio que la separación o el divorcio puedan causar en uno de los cónyuges -no debe ser entendida por tanto como un derecho de alimentos- desequilibrio que en todo caso deberá ser acreditado y que no será reconocido cuando la pareja con mayores ingresos durante el matrimonio se encuentre en situación de desempleo en el momento de decretarse la separación.

      b) La hipoteca que grava la vivienda familiar es una deuda ganancial, por lo que su abono deberá realizarse a partes iguales por los propietarios mientras la sociedad subsista.

      c) Los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que alcancen la suficiencia económica, es decir, hasta que obtengan medios de vida propios que les permita su autonomía, pero también es cierto que la necesidad no puede ser creada por la conducta del propio hijo, su desidia o falta de aplicación en los estudios.

      Se trata, como se puede apreciar, de aspectos esenciales que conviene tener en cuenta en orden a lograr un posible entendimiento entre quienes, con frecuencia,  mantienen actitudes enfrentadas.